La Justicia argentina investiga una compleja trama de robo y uso indebido de anestésicos hospitalarios en la Ciudad de Buenos Aires, tras la muerte de un joven anestesista y la detección de fiestas privadas donde se consumían estos fármacos con fines recreativos. El caso, que involucra a profesionales del Hospital Italiano, ha generado alarma en el ámbito médico y social por el posible desvío de medicamentos de uso restringido.

La investigación se inició el 23 de febrero, cuando el Hospital Italiano denunció la desaparición de anestésicos como propofol y fentanilo. Paralelamente, la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista hallado sin vida en su departamento de Palermo, encendió las alertas. La autopsia confirmó que Zalazar falleció por una sobredosis de estos fármacos, hallándose en su domicilio insumos médicos pertenecientes al hospital.

Las pesquisas judiciales, a cargo del fiscal Lucio Herrera y el juez Javier Sánchez Sarmiento, apuntan a dos médicos del Hospital Italiano: Hernán Boveri y Delfina Lanusse. Ambos fueron apartados de sus funciones e imputados por la presunta sustracción y uso indebido de anestésicos. La Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios, donde se secuestraron jeringas y medicamentos, y dictó medidas restrictivas como la prohibición de salida del país y de contacto entre los imputados.

El caso tomó mayor notoriedad tras la difusión de audios y testimonios sobre las llamadas “Propofest”, reuniones privadas donde un grupo reducido de médicos consumía anestésicos bajo la modalidad de “viajes controlados”. En estos encuentros, un profesional supervisaba la administración de las drogas, lo que incrementa los riesgos de sobredosis y complicaciones graves.

La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires también fue allanada y aportó documentación relevante. Su gerente general, Gisela Vila, aclaró que la entidad no maneja ni almacena fármacos, y que la denuncia surgió a partir del relato de la familia de Zalazar.

La investigación sigue en curso, con peritajes sobre el celular de la víctima y la toma de testimonios para determinar el alcance de la red y si el robo de fármacos se extendió a otros hospitales. El caso podría derivar en cargos de hurto o administración fraudulenta, con penas de hasta seis años de prisión. El escándalo ha puesto en debate los controles sobre medicamentos de uso hospitalario y la responsabilidad de los profesionales de la salud.