Fernando Sabag Montiel, conocido por su implicación en el intento de atentado contra Cristina Kirchner en 2022, ha sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La sentencia fue dictada por la jueza Julia Correa, titular del Juzgado PCyF N°28, tras un juicio abreviado en el que el acusado admitió los hechos.

La investigación, liderada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), reveló que Sabag Montiel poseía una tarjeta de memoria con 17 imágenes y más de 100 videos de contenido explícito de menores de 13 años. Además, se comprobó que distribuyó este material en al menos tres ocasiones a través de la red social Instagram. Los envíos fueron rastreados gracias a reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que vincularon el contenido a cuentas asociadas al número de teléfono del acusado.

Durante el juicio, se unificó esta condena con una previa de un año de prisión en suspenso por tenencia ilegítima de un documento de identidad ajeno. En total, Sabag Montiel deberá cumplir una pena de cuatro años y tres meses de prisión efectiva.

El Fiscal General Juan Bautista Mahiques destacó que "en la Ciudad de Buenos Aires, no hay margen para la impunidad en delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes". Por su parte, la fiscal Daniela Dupuy subrayó la importancia de las herramientas modernas y el personal capacitado en la resolución de este caso.

Este fallo ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, subrayando la gravedad de los delitos cometidos y la efectividad del sistema judicial en la lucha contra la explotación infantil. La condena también pone de relieve la importancia de la cooperación internacional, con organismos como el NCMEC, en la identificación y persecución de estos crímenes.

El caso de Sabag Montiel no solo refuerza la postura de la justicia porteña contra delitos que afectan a menores, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad y protección de los niños en el entorno digital. La sociedad espera que este fallo sirva como precedente para futuras investigaciones y condenas en casos similares.