El incendio ocurrido en la madrugada del 20 de diciembre de 2025 en la cárcel de Bouwer, Córdoba, dejó como saldo la muerte de dos internas, Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo. El hecho, que tuvo lugar en una celda de aislamiento, generó una fuerte conmoción y abrió un debate sobre las condiciones de detención y la responsabilidad estatal en la protección de personas privadas de libertad.

Según el peritaje de Bomberos, el fuego fue provocado de manera intencional, aunque hasta el momento no se ha determinado quién lo inició. Guadalupe Pedraza, de 25 años, había sido trasladada al penal apenas horas antes del siniestro, mientras que Ramallo, de 33/37 años, falleció tras una larga agonía en el hospital debido a las graves quemaduras sufridas.

Familiares de las víctimas, encabezados por Valeria Romero, madre de Pedraza, denunciaron demoras en la evacuación y abandono de persona por parte del personal penitenciario. "Mi hija estaba pagando por un delito que había cometido y me la dieron sin vida, no me la cuidaron como la tenían que cuidar", expresó Romero, quien además señaló que hubo pedidos de auxilio ignorados y que otras internas fueron evacuadas antes que su hija.

El abogado de la familia, Diego Casado, apuntó contra las autoridades del penal, denunciando presiones para modificar testimonios y represalias a quienes no colaboraron con la versión oficial. "Quisieron encubrir un accionar omisivo por parte de las empleadas del Servicio Penitenciario", afirmó Casado, quien solicitó que las declaraciones se tomen dentro del penal para resguardar a las internas.

La querella también denunció la presencia de colchones altamente inflamables, la supuesta existencia de un encendedor en la celda y la falta de funcionamiento de los matafuegos, elementos que habrían contribuido al desenlace fatal. El Ministerio de Justicia provincial, por su parte, negó las condiciones irregulares y se abstuvo de hacer declaraciones públicas debido a la investigación judicial en curso.

El caso de Bouwer se suma a otras muertes recientes en cárceles de Córdoba, lo que ha puesto en el centro del debate las condiciones de detención y la seguridad en el sistema penitenciario provincial. La investigación judicial continúa, mientras los familiares de las víctimas insisten en que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, para evitar que el caso quede impune y se repitan tragedias similares en el futuro.