La investigación judicial sobre el lanzamiento y la operatoria del activo digital $LIBRA enfrenta un freno significativo debido a la falta de recursos tecnológicos en los organismos encargados de rastrear el flujo de fondos en blockchain. El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa, solicitó a la UFECI —unidad especializada en ciberdelito— profundizar el análisis de transferencias por más de 4,7 millones de dólares realizadas entre enero y febrero de 2025. Sin embargo, la UFECI reconoció no contar con las licencias necesarias para utilizar software forense avanzado, lo que limita la capacidad de identificar a los titulares de las billeteras virtuales involucradas.

La investigación logró identificar a un grupo de 74 billeteras que adquirieron grandes volúmenes de $LIBRA segundos antes de un tuit del presidente Javier Milei, lo que alimentó sospechas sobre el uso de información privilegiada. Tras el anuncio, el precio del activo se disparó y, posteriormente, se produjo un retiro masivo de fondos que llevó al colapso de la moneda. "El trabajo forense busca quebrar el anonimato de la blockchain y determinar la ruta del dinero", explicaron fuentes judiciales.

La UFECI pudo avanzar parcialmente gracias a una versión demo de un software especializado, pero la licencia gratuita expiró y, en medio de un ajuste presupuestario, la adquisición de una versión paga sigue pendiente. Mientras tanto, el fiscal Taiano derivó el pedido de análisis al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal, que sí cuenta con herramientas avanzadas.

Expertos consultados señalan que, aunque las herramientas premium facilitan el trabajo, es posible realizar investigaciones con recursos gratuitos, aunque requieren mayor esfuerzo y conocimiento técnico. "Cuantas más herramientas utilice el investigador, mejor", sostuvo el consultor Denis Banchero. La falta de recursos tecnológicos y la suspensión de licitaciones para nuevas licencias generan incertidumbre sobre el avance de la causa y ponen en evidencia las dificultades que enfrenta la Justicia argentina para investigar delitos complejos en el ámbito digital.