La crisis industrial argentina se profundizó en febrero de 2026 con el cierre de Fate, una emblemática fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando, que dejó a 920 trabajadores sin empleo. El caso de Fate, que acumuló pérdidas superiores a US$ 30 millones en el primer semestre de 2024, se suma a una serie de suspensiones, despidos y cierres en sectores clave como alimentos, automotriz y lácteos.

La compañía solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis en julio de 2024, argumentando una abrupta caída de ventas y pérdida de exportaciones. El cierre definitivo coincidió con el debate parlamentario sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en un contexto de apertura económica y atraso cambiario que favoreció la importación de productos desde Brasil y China.

Otras empresas afectadas incluyen el frigorífico Pico, responsable de la marca Paty, que suspendió a 450 empleados; Stellantis, fabricante de Peugeot y Citroën, que paralizó plantas y ofreció retiros voluntarios; Lácteos Verónica, que vendió su planta tras conflictos laborales; Metalfor, con 450 despidos; Marengo, que redujo más del 30% de su personal; La Anónima, con créditos incobrables por $20.000 millones; Corona, que abrió retiros voluntarios; y La Paila, que anunció su cierre definitivo.

Según consultoras como Fundar, desde la asunción de Milei cerraron más de 21.000 empresas, una cifra comparable a la pandemia. Analistas advierten que la destrucción de sectores "ineficientes" ocurre más rápido que la creación de nuevos, generando riesgos sociales y económicos. El gobierno, por su parte, sostiene que la apertura y las reformas son necesarias para modernizar la economía, mientras sindicatos y empresarios alertan sobre el impacto en el empleo y la producción local.

El debate sobre la reforma laboral y la gobernabilidad se intensifica ante el aumento del desempleo y la conflictividad social. "Esto recién empieza", pronosticó un empresario, mientras otros advierten sobre una "epidemia industrial" y la posibilidad de un "cisne negro autoinfligido". El gobierno y sus seguidores culpan a los empresarios por falta de competitividad, mientras los sindicatos insisten en la necesidad de proteger los puestos de trabajo. El futuro de la industria argentina queda así marcado por la incertidumbre y la tensión entre apertura, reformas y protección social.