Crece el conflicto entre La Rioja y San Juan por un territorio limítrofe que albergará un proyecto minero
• La Rioja y San Juan reavivan un histórico conflicto limítrofe por 2.651 km² tras la aprobación de leyes provinciales y el avance de proyectos mineros millonarios. El caso podría llegar a la Corte Suprema. #Política #Economía #Minería



El histórico conflicto limítrofe entre las provincias de La Rioja y San Juan volvió a escalar tras la aprobación de leyes provinciales y el avance de proyectos mineros de gran envergadura en la región en disputa. La controversia gira en torno a 2.651 kilómetros cuadrados que, según La Rioja, fueron transferidos a San Juan en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. El reciente desembarco de inversiones millonarias en minería, especialmente en cobre y oro, reavivó el interés por la zona, que también incluye áreas turísticas como Ischigualasto y Valle de la Luna.
El gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgó la Ley 10.876, que rechaza los límites impuestos durante el gobierno de facto y anunció el inicio de acciones legales para defender la soberanía provincial. "La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano", expresó Quintela. Por su parte, el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, respondió con la sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero y reafirmó la posición de su provincia: "Nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara".
El asesor general de la Gobernación de La Rioja, Pedro Goycochea, sostuvo que el reclamo no es una confrontación con el pueblo de San Juan, sino un pedido institucional para revisar el acuerdo de límites de 1968. Goycochea indicó que la Corte Suprema podría dirimir el conflicto, mientras que desde San Juan, el fiscal de Estado Sebastián Dávila, insistió en que los límites están consolidados legalmente y que los recursos naturales en la zona pertenecen a San Juan.
El conflicto, que tiene antecedentes legislativos y reclamos desde hace décadas, podría resolverse en la Corte Suprema de Justicia o mediante un acuerdo político en el Congreso. Mientras tanto, la disputa mantiene en vilo a ambas provincias, con el trasfondo de importantes intereses económicos y turísticos en juego.
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