El proyecto minero San Jorge, ubicado en Uspallata, Mendoza, ha recibido la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), marcando el regreso de la minería metalífera a la provincia tras casi dos décadas de restricciones. Esta decisión, considerada histórica por autoridades y empresarios, permitirá una inversión cercana a los 600 millones de dólares y la generación de exportaciones anuales estimadas en 560 millones de dólares, principalmente en cobre y oro.

La aprobación de la DIA fue acompañada por la creación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), un órgano de control inédito en la provincia que permite la participación de cualquier ciudadano mayor de edad, además de 17 organismos estatales y académicos. Según Juan Pablo Conil, coordinador de la UGA, "todo aquel que se inscriba podrá controlar lo que haga San Jorge", estableciendo un sistema de inspecciones y denuncias públicas en caso de detectar irregularidades ambientales.

El CEO del proyecto, Fabián Gregorio, aseguró que el monitoreo ambiental será permanente y público, y enfatizó que no se utilizarán cianuro ni ácido sulfúrico, sustancias prohibidas en Mendoza. Además, destacó que el acuífero más cercano se encuentra a 140 metros de profundidad, minimizando riesgos para los cursos de agua y la producción vitivinícola local.

En paralelo, el gobierno provincial reglamentó dos leyes clave: la creación del Fondo Compensador Ambiental, destinado exclusivamente a la reparación de daños ambientales, y la reforma del régimen de regalías mineras, que endurece los controles y distribuye los beneficios de manera más equitativa entre la provincia y los municipios.

El debate político y social ha sido intenso. Mientras el oficialismo y sectores empresariales celebran el avance como un paso hacia la diversificación productiva, organizaciones ambientalistas y parte de la oposición expresan preocupación por los riesgos ambientales y la efectividad de los controles. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, subrayó que "no tienen que confiar en mí ni en Cornejo. Hay distintas vías de controles".

El proceso de aprobación y debate ha sido señalado como un ejemplo de maduración institucional, aunque persisten sectores que prometen judicializar la decisión. El futuro del proyecto San Jorge y su impacto en Mendoza dependerán de la implementación efectiva de los controles y de la capacidad de la sociedad para mantener un monitoreo activo y transparente.