Demián Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ex jefe del Consejo de Asesores económicos de la Presidencia, se encuentra en el centro de una polémica tras cancelar deudas personales por más de 825 millones de pesos en apenas 18 días. La rápida eliminación de estos pasivos generó sospechas sobre el origen de los fondos y posibles vínculos con su gestión al frente de la empresa estatal.

Según Reidel, la cancelación de la deuda se realizó con fondos propios obtenidos de la venta escalonada de una participación en un desarrollo inmobiliario adquirido en 2018. "En 2018 compré con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina. Fui vendiendo por etapas, sin apuro: vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y, mientras avanzaba esa venta, tomé financiamiento puente contra el activo para tener liquidez: eso es la deuda", explicó el funcionario en sus redes sociales. El 15 de diciembre de 2025, Reidel concretó la venta de una parte por USD 770.000, lo que le permitió cancelar la deuda.

Reidel publicó documentos para respaldar su versión, aunque parte de la información estaba tachada, lo que generó nuevas dudas entre analistas y usuarios en redes sociales. "No suelo responder operaciones, pero se acabó. Acá están los papeles", afirmó, insistiendo en que la operación fue transparente, certificada ante escribano público y declarada ante los organismos correspondientes.

La controversia se intensificó en un contexto de denuncias por presuntos sobreprecios y contrataciones irregulares en Nucleoeléctrica Argentina. Bajo la gestión de Reidel, la empresa realizó adjudicaciones por más de 20.000 millones de pesos y fue señalada por la compra de software administrativo a precios muy superiores al valor de mercado. El sindicato ATE y gerentes técnicos han presentado denuncias internas, mientras el directorio de la empresa suspendió licitaciones y apartó a funcionarios para investigar los hechos.

Hasta el momento, no se han formalizado denuncias penales por la cuestión inmobiliaria, pero el caso se ha convertido en un foco de debate público sobre transparencia, patrimonio y responsabilidad de funcionarios en el manejo de activos personales y estatales. Reidel y su entorno niegan cualquier irregularidad y aseguran que todo está documentado y declarado. El caso sigue en investigación y plantea interrogantes sobre prácticas administrativas y controles internos en empresas públicas.