El Senado argentino aprobó la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei, consolidando una de las iniciativas más ambiciosas en materia de empleo y relaciones laborales de los últimos años. La ley, que ya había sido sancionada por la Cámara de Diputados, excluye el artículo que imponía descuentos salariales por licencias médicas, tras intensos debates y negociaciones.

La nueva normativa introduce cambios profundos en la contratación, indemnizaciones y condiciones laborales. Entre los puntos más destacados, se flexibilizan los contratos, se modifica el cálculo de indemnizaciones por despido y se permite su pago en cuotas, especialmente para pymes. Además, se crean Fondos de Asistencia Laboral, financiados por aportes patronales, para cubrir indemnizaciones.

La reforma también regula la jornada laboral, permitiendo ampliaciones hasta 12 horas diarias bajo ciertas condiciones, y establece nuevos regímenes para trabajadores de plataformas digitales, diferenciándolos de los empleados tradicionales. Se priorizan los acuerdos laborales de empresa o regionales sobre los convenios sectoriales, y se mantienen las cuotas sindicales compulsivas, aunque con topes temporales.

En materia fiscal, la ley introduce incentivos para la formalización de trabajadores y la creación de empleo registrado, así como beneficios impositivos para inversiones productivas. Se eliminan y modifican estatutos profesionales y se prevé la baja del fondo de financiamiento del INCAA en 2028.

El gobierno sostiene que la reforma moderniza el mercado laboral y promueve la creación de empleo formal, mientras que sindicatos y opositores advierten sobre el riesgo de desfinanciamiento del sistema previsional y la posible pérdida de derechos laborales. El debate sobre el impacto real de la reforma continúa, en un contexto de polarización política y económica.