El centro de La Plata sigue conmocionado tras el voraz incendio y derrumbe de un depósito de electrodomésticos, ocurrido el 16 de julio en diagonal 77 y 48. El siniestro, que se extendió por más de cinco horas, destruyó por completo el edificio de cuatro pisos y generó pérdidas materiales estimadas en 1,5 millones de dólares. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos, aunque más de 50 familias y comercios debieron ser evacuados, y la zona permanece aislada por el riesgo de nuevos colapsos.

Según los peritajes preliminares realizados por bomberos, el fuego se habría originado por un cortocircuito en una oficina de la planta baja. El depósito, operado por la empresa Al Tecno S.A. y presidido por Roxana Aloise, funcionaba sin habilitación municipal ni seguro, y había sido clausurado semanas antes del siniestro. La Justicia local autorizó la demolición controlada del edificio, tras confirmar que la estructura presenta riesgos significativos para las propiedades linderas y para la seguridad pública. Especialistas deberán planificar el operativo con precisión, considerando la presencia de tanques de nafta bajo el inmueble, remanentes de una antigua estación de servicio.

El impacto del incendio va más allá de los daños materiales. El inmueble forma parte de la sucesión de Vicente Aloise, empresario fallecido en 2021, cuyo patrimonio familiar ahora enfrenta una compleja batalla judicial. Roxana Aloise fue imputada penalmente por "incendio y otros estragos", mientras que los herederos podrían perder propiedades en La Plata, Mar del Plata y Magdalena por embargos derivados del siniestro y deudas preexistentes, incluida una hipoteca millonaria con YPF. "La Justicia no distingue responsabilidades internas a la hora de hacer efectiva una sentencia. Si se condena al acervo, se embargan y rematan los bienes. Después, los herederos podrán litigar entre ellos, pero primero hay que pagar", explicó una fuente judicial.

Vecinos y empresas afectadas evalúan iniciar demandas civiles por daños y perjuicios, mientras la fiscalía investiga si hubo negligencia o dolo en la gestión del depósito. El caso expone tensiones familiares y el principio de responsabilidad solidaria en sucesiones, dejando a la familia Aloise ante un futuro patrimonial incierto. La demolición del edificio marcará el cierre de una etapa clave en el proceso judicial, pero las consecuencias legales y económicas podrían extenderse por años.