El doble femicidio ocurrido en Córdoba, que tuvo como principal acusado a Pablo Laurta, generó una profunda conmoción en la sociedad argentina y puso en tela de juicio la efectividad de los sistemas de protección contra la violencia de género. Laurta, de nacionalidad uruguaya, asesinó a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio, y posteriormente secuestró a su hijo de seis años, quien fue rescatado en Entre Ríos.

Según fuentes judiciales, Laurta había sido detenido en 2024 por violar una orden de restricción de acercamiento, pero fue liberado tras una pericia psicológica y psiquiátrica que concluyó que no representaba peligrosidad. Sin embargo, las medidas de protección, como la perimetral y el botón antipánico, no lograron evitar el desenlace fatal. El crimen se produjo mientras las restricciones seguían vigentes, y la policía recibió una alerta por el botón antipánico desactivado por falta de batería.

Tras cometer los asesinatos, Laurta huyó con su hijo y fue detenido en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, Entre Ríos, gracias a la colaboración entre las fuerzas policiales de Córdoba y Entre Ríos. El menor, que padece espectro autista, fue puesto bajo el cuidado de una familia de acogida en Córdoba, en un entorno conocido y seguro, mientras las autoridades evalúan su situación futura.

El caso se agravó con la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo desmembrado de Martín Palacio, el remisero que habría trasladado a Laurta y su hijo. Las investigaciones apuntan a Laurta como responsable de este tercer crimen, lo que podría complicar aún más su situación judicial.

La madre de Laurta, Estrella Laura Laurta, expresó públicamente su repudio hacia los actos de su hijo y se puso a disposición de la justicia para el cuidado de su nieto, en caso de que no se encuentre otro tutor adecuado. Por su parte, especialistas en criminología señalaron la necesidad de modificar los protocolos de evaluación psicológica, ya que los actuales no permiten detectar perfiles psicopáticos con suficiente precisión.

Funcionarios y expertos admitieron la dificultad de prevenir este tipo de hechos, y el ministro de Seguridad de Córdoba reconoció que la violencia intrafamiliar es "imposible de prevenir" en su totalidad. El caso ha generado un fuerte debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la urgencia de revisar los sistemas judiciales y policiales para evitar nuevas tragedias.