Una influencer y cantante de 26 años, Valentina Olguín, enfrenta graves acusaciones por el uso indebido de datos fiscales de cinco gobernadores argentinos para importar ropa desde el exterior. El caso, que ha generado gran repercusión, expone vulnerabilidades en los sistemas de control fiscal y la protección de datos personales.

La maniobra fue descubierta cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió notificaciones de compras que no había realizado. Al investigar, se reveló que Olguín había utilizado los datos fiscales de Jaldo y de otros mandatarios, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis). Según las autoridades, la joven superó su cupo de importaciones personales y recurrió a datos de familiares, amigos y, finalmente, de figuras públicas para continuar con sus operaciones.

La justicia federal, a cargo del fiscal José Agustín Chit y el juez José Manuel Díaz Vélez, investiga a Olguín por delitos como falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos. Durante un allanamiento en su departamento en el barrio de Núñez, Buenos Aires, se encontraron electrodomésticos, ropa y documentación que sugieren la existencia de una red delictiva más amplia.

Olguín, quien cuenta con más de 400 mil seguidores en redes sociales, utilizaba estas plataformas para promocionar y revender las prendas adquiridas. En declaraciones, la joven justificó sus acciones alegando desconocimiento y "apuro" para cumplir con los trámites. "No sabía que estaba cometiendo un delito, estoy arrepentida y soy consciente de la gravedad del asunto", afirmó.

El gobernador Jaldo, por su parte, calificó el hecho como "grave" y advirtió sobre la vulnerabilidad de los ciudadanos ante este tipo de delitos. "Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema. Por eso, le pido a los tucumanos que revisen si no están siendo víctimas también", señaló.

El caso ha generado un debate sobre la seguridad de los sistemas de protección de datos en Argentina. Expertos han señalado la necesidad de reforzar los controles para evitar que información sensible sea utilizada de manera indebida. Mientras tanto, los gobernadores afectados esperan que la justicia determine responsabilidades y se implementen medidas para prevenir futuros incidentes.

Olguín enfrenta posibles penas de entre dos y ocho años de prisión por contrabando simulado. La justicia continúa investigando para determinar si otras personas están involucradas en esta red delictiva.