En un operativo judicial llevado a cabo en Resistencia, Chaco, se realizaron allanamientos simultáneos en tres domicilios como parte de la causa "Brilla", que investiga una red de fraude fiscal y lavado de dinero. Las acciones resultaron en la detención de Fernando Adrián Ayala y Walter Antonio Pasko, señalados como líderes de la organización.

La investigación, liderada por el fiscal federal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, apunta a una trama de facturación falsa que habría permitido evadir más de 150 millones de pesos. Según las autoridades, los fondos provenían del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) y de fundaciones vinculadas a "Tito" López, un dirigente piquetero también acusado de lavado de dinero.

Durante los allanamientos, se incautaron armas, documentación contable, criptoactivos y dinero en efectivo. Además, se encontraron videos que muestran a Ayala manejando grandes sumas de dinero en efectivo, incluso involucrando a menores de edad en estas actividades. En uno de los registros, se observa a Ayala y su familia trasladando valijas a Brasil, lo que refuerza la hipótesis de ocultamiento de dinero en el extranjero.

El fiscal Sabadini destacó el peligro de fuga y el manejo clandestino de dinero como razones para las detenciones. "Las circunstancias objetivas demuestran el desparpajo y soltura con que los imputados se conducen en el manejo de grandes volúmenes de dinero", señaló en su pedido de detención.

La causa, que se inició en 2022, también involucra a Mauro Andión, ex titular del IAFEP, quien ya está detenido por administración fraudulenta. Las fundaciones investigadas habrían recibido transferencias millonarias de fondos públicos sin contraprestación real, utilizando esos recursos para operaciones de lavado de dinero.

Este caso pone en evidencia un entramado de corrupción que incluye cooperativas, fundaciones y organismos gubernamentales durante la gestión de Jorge Capitanich. Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance total de la red y sus implicaciones políticas y económicas.

La exposición de menores en actividades ilícitas ha generado indignación social, mientras que analistas destacan la importancia de este caso como un golpe a la corrupción en la provincia. Sin embargo, también se han levantado críticas sobre la lentitud del proceso judicial y la necesidad de medidas más contundentes para prevenir este tipo de delitos en el futuro.