Un ciudadano chileno fue expulsado de Argentina tras ser declarado responsable de hurto en San Carlos de Bariloche. El hecho ocurrió el 27 de enero de 2026, cuando el hombre sustrajo equipaje y documentos personales de un vehículo estacionado en la calle Onelli, casi esquina Gallardo, en pleno centro de la ciudad.

La víctima advirtió el robo al regresar a su auto, lo que motivó una persecución inmediata. Durante la huida, el sospechoso se desprendió de parte de los objetos robados, aunque finalmente fue demorado con la colaboración de transeúntes y personal policial. La intervención permitió recuperar la mayor parte de los objetos sustraídos, con excepción de algunos efectos personales.

La investigación inicial imputó el delito de robo, pero registros fílmicos, testimonios y pericias al vehículo demostraron que no hubo violencia ni forzamiento, por lo que la calificación legal fue modificada a hurto. El imputado fue detenido en flagrancia y, según la defensa pública penal, comprendió el alcance del acuerdo judicial y manifestó su conformidad.

En paralelo, se constató que el hombre residía irregularmente en el país, lo que activó la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones. El organismo dispuso su expulsión inmediata y la prohibición permanente de reingreso al territorio nacional. Personal de Migraciones estuvo presente en la audiencia y ejecutó la orden de expulsión, trasladando al imputado bajo custodia de Gendarmería Nacional hacia la frontera.

El juez interviniente impuso una pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional, supeditada al cumplimiento de la orden migratoria. Desde el gobierno provincial se enfatizó que "en Río Negro el delito tiene consecuencias. La ley se cumple". La identidad del sujeto no fue difundida oficialmente.

La resolución judicial combina el rigor penal con la normativa migratoria, en el marco de una política de tolerancia cero frente a la inseguridad. El caso refleja la coordinación entre la justicia, Migraciones y fuerzas federales, y marca un precedente en la aplicación de medidas migratorias inmediatas ante delitos cometidos por extranjeros en situación irregular.