El Gobierno nacional argentino avanza en negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para modificar el esquema de financiamiento de las universidades públicas, en un intento por resolver el prolongado conflicto que enfrenta al Ejecutivo con el sector académico. La iniciativa surge tras años de tensiones, vetos presidenciales a la ley que ajustaba el presupuesto universitario por inflación y masivas movilizaciones en defensa de la educación pública.

Según fuentes oficiales, la estrategia del Gobierno apunta a consensuar una nueva ley que no derogue el esquema vigente, sino que lo modifique para garantizar viabilidad fiscal y atender los reclamos históricos de las universidades. "Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con expectativa de que podremos avanzar en la resolución de algunos de las demandas que tenemos", expresó Carlos Greco, presidente del CIN, tras el último encuentro con funcionarios del Ministerio de Capital Humano.

El conflicto se intensificó entre 2024 y 2025, cuando cientos de miles de estudiantes, docentes y no docentes protagonizaron dos marchas federales en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias, en rechazo a los vetos presidenciales y la falta de actualización presupuestaria. La ley vigente, aprobada por el Congreso, fue suspendida por el Ejecutivo, lo que motivó amparos judiciales y fallos que intimaron al Gobierno a cumplir con la norma.

En las negociaciones actuales, el Ejecutivo propuso una recomposición salarial del 12,3% en tres tramos y la reapertura de paritarias cada dos meses, aunque los rectores calculan que el atraso salarial de 2025 es del 14% y exigen que la deuda se salde en el primer semestre. Los gremios docentes, por su parte, insisten en que el Gobierno debe cumplir con la ley vigente y advierten que lo perdido en 2024 es irrecuperable, con una caída del 38% en los sueldos.

La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Roxana Puebla, advirtió que el presupuesto actual no garantiza el funcionamiento básico de las universidades y que, sin la aplicación de la ley, 2026 será un año "muy difícil" para el sistema. Pese a la cautela, la comunidad universitaria mantiene la expectativa de que el diálogo permita avanzar en una solución que asegure la continuidad y calidad de la educación pública en Argentina.