La instalación de una tranquera metálica sobre la ruta provincial 12, en las cercanías de Gualjaina, Chubut, ha desatado un conflicto que involucra a vecinos, autoridades y comunidades originarias. La medida, ejecutada por la propietaria Luciana Zárate, ha generado denuncias de aislamiento y restricciones en la circulación, mientras que la dueña del campo sostiene que la ruta atraviesa su propiedad y que el Estado nunca completó el proceso de expropiación necesario para su uso público.

Zárate explicó que la tranquera, ubicada a unos 60 kilómetros de Esquel, fue colocada sin candado y que el tránsito no está formalmente bloqueado. "La gente se enojó porque escuchó que cerré la ruta, pero la ruta a Gualjaina sigue abierta", declaró, y agregó que notificó a las autoridades antes de instalar el portón. Sin embargo, vecinos y representantes de comunidades mapuches aseguran que la estructura genera temor, dificulta el paso y afecta a familias que dependen de la ruta para abastecimiento y emergencias.

El trasfondo legal del conflicto radica en que la obra vial, ejecutada entre 2005 y 2009, nunca fue formalmente expropiada ni incorporada a la red provincial. Autoridades de Chubut reconocen la irregularidad administrativa y la falta de resolución judicial, lo que otorga argumentos a la propietaria para ejercer control sobre el tramo en disputa. "Si el Estado quiere usar el camino, tendrá que expropiarlo. Mientras tanto, está dentro de mi campo y yo quiero vivir en paz", afirmó Zárate.

El caso ha reavivado tensiones históricas en la Patagonia sobre los límites entre propiedad privada y uso público, así como denuncias de discriminación hacia comunidades originarias. Voceros mapuches señalaron: "Si hubiésemos sido nosotros, ya nos habrían desalojado". El intendente de Gualjaina analiza posibles acciones legales, mientras la Justicia aún no ha intervenido.

La controversia pone en evidencia la necesidad de resolver vacíos legales y administrativos en la gestión de obras públicas y el acceso a tierras, un tema recurrente en la región. Por ahora, la tranquera sigue en pie, simbolizando un conflicto que trasciende lo local y plantea interrogantes sobre derechos colectivos y propiedad en la Patagonia.