La Cámara Nacional en lo Civil avaló el traslado de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde la Ciudad de Buenos Aires a Pilar, provincia de Buenos Aires, y anuló la designación de veedores dispuesta por el Ministerio de Justicia. La decisión, adoptada por los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, establece que el control y la fiscalización de la AFA quedan bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, excluyendo a la Inspección General de Justicia (IGJ) de la supervisión de la entidad.

El fallo se fundamenta en la competencia jurisdiccional y en la validez de los actos administrativos provinciales, argumentando que una vez que la provincia de Buenos Aires aceptó la radicación de la AFA, la IGJ carecía de competencia para inspeccionar o cuestionar el nuevo domicilio. "No resulta posible someter la decisión social de modificar el estatuto de la sociedad trasladando su domicilio a otra jurisdicción a un doble control de legalidad", señalaron los magistrados en el escrito judicial.

La resolución judicial anuló también la intervención informativa en grado de veeduría que había dispuesto el Ministerio de Justicia por 180 días, tras un informe de la IGJ que detectó irregularidades en el funcionamiento institucional de la AFA. El Gobierno nacional, a través de la nueva conducción de la IGJ, anunció que apelará el fallo, argumentando que la medida debilita el control estatal sobre entidades civiles de relevancia nacional y podría sentar un precedente para que otras asociaciones eludan controles nacionales simplemente cambiando de jurisdicción.

El ex titular de la IGJ, Daniel Vítolo, criticó duramente la decisión judicial y sostuvo que "ningún acto administrativo provincial puede hacer desaparecer un control nacional establecido por ley". Además, advirtió que la validación judicial del traslado de la AFA podría permitir que otras entidades civiles eviten controles nacionales en el futuro.

Por su parte, la AFA y sus dirigentes consideran que el fallo respeta la autonomía de la entidad y la validez de los actos administrativos provinciales. El debate sobre la competencia de control y la transparencia de las asociaciones civiles continúa abierto, mientras el Gobierno prepara la apelación para intentar revertir la decisión judicial.