El Gobierno nacional argentino ha puesto en marcha una nueva fase de su plan de ajuste fiscal, esta vez enfocada en las provincias. Según confirmaron fuentes oficiales, la iniciativa será liderada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se implementará tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. El objetivo central es exigir a los gobernadores una reducción significativa del gasto público y la revisión de impuestos clave, como Ingresos Brutos.

“Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias, para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente”, afirmó Sturzenegger, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei. El Gobierno sostiene que, en los últimos 18 meses, ya se han reducido 19 impuestos y eliminado 50.000 empleos públicos, lo que habría generado un ahorro anual de 2.000 millones de dólares.

Sin embargo, la propuesta ha generado resistencia entre los mandatarios provinciales. Muchos gobernadores argumentan que sus distritos ya han realizado ajustes significativos y que nuevas reducciones pondrían en riesgo servicios esenciales. Además, advierten que la eliminación de impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, es inviable sin una alternativa de financiamiento, especialmente en las provincias más dependientes de los fondos nacionales.

El debate se intensificó tras una reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, donde se discutieron las consecuencias de la caída en la recaudación, la coparticipación y el freno a la obra pública. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto, las transferencias de capital a las provincias cayeron un 94% real en 2024, lo que ha paralizado inversiones clave en infraestructura.

Economistas y consultoras advierten que solo las provincias con mayor actividad económica podrían autofinanciarse bajo el nuevo esquema, mientras que las menos desarrolladas enfrentarían serias dificultades. En este contexto, se discute la creación de un fondo de nivelación para compensar las desigualdades regionales.

El Gobierno nacional insiste en que la reducción del gasto público es fundamental para sostener el superávit fiscal y continuar bajando impuestos. No obstante, el clima político se mantiene tenso, y se anticipa un debate profundo sobre la distribución de recursos y la sostenibilidad fiscal de las provincias en los próximos meses.