El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan de Nul, asociada con la firma argentina Servimagnus, por un período de 25 años. La decisión, formalizada mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, implica la modernización, operación y mantenimiento de la principal vía fluvial del país, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

El contrato, que prevé ingresos superiores a 15.700 millones de dólares para la concesionaria y una facturación anual estimada en 628 millones de dólares, incluye obras de profundización del canal, tareas permanentes de dragado, mejoras en el sistema de señalización e incorporación de tecnología para reforzar la seguridad y los controles. El Gobierno sostiene que la privatización permitirá reducir los costos logísticos en un 13,5% y abrirá una nueva etapa de inversión privada en la infraestructura estratégica para el comercio exterior.

Sin embargo, el proceso licitatorio estuvo marcado por fuertes cuestionamientos y denuncias de irregularidades. Diversos sectores, incluidos legisladores opositores y especialistas, señalaron presunto direccionamiento del pliego, exclusión de competidores y falta de transparencia. "La ausencia de impugnaciones formales responde a las condiciones restrictivas del pliego, diseñado para favorecer al consorcio ganador", advirtieron fuentes del sector portuario. Además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas mantiene abierta una investigación judicial sobre el proceso.

El costo de 10 millones de dólares para presentar impugnaciones y la exclusión de empresas estatales generaron críticas adicionales. También se cuestionó la falta de una evaluación ambiental integral y la escasa participación de las provincias ribereñas en la toma de decisiones. Por su parte, cámaras empresariales y usuarios de la Hidrovía celebraron la adjudicación, destacando la previsibilidad y la mejora en la competitividad del sector exportador.

El debate sobre el modelo de gestión de la Hidrovía continúa en la justicia y la opinión pública, con posiciones divididas entre quienes valoran la modernización y quienes advierten sobre la pérdida de control estatal y la concentración económica. El futuro de la principal vía navegable argentina queda así condicionado por un contrato de largo plazo, cuyas implicancias seguirán siendo objeto de análisis y controversia.