El diputado nacional Alberto Benegas Lynch, representante de La Libertad Avanza, desató una fuerte polémica tras declarar en una entrevista radial que la Universidad de Buenos Aires (UBA) "tenía prostíbulos en el subsuelo". La afirmación, realizada durante un cruce con el periodista Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos, fue utilizada por el legislador para justificar la necesidad de auditorías y recortes presupuestarios en las universidades públicas.

Benegas Lynch sostuvo que la resistencia de la UBA a las auditorías se debía a la existencia de estos prostíbulos, y ante la sorpresa del periodista, insistió en que la información era de dominio público y podía encontrarse fácilmente en internet. "Googlealo, googlealo", repitió el diputado, quien luego compartió en redes sociales una nota periodística de 2001 como respaldo de sus dichos.

El caso al que hizo referencia ocurrió hace 24 años en la Facultad de Derecho de la UBA, donde un empleado fue acusado de facilitar la prostitución de tres mujeres en un subsuelo de la institución. Según las investigaciones de la época, el hecho fue descubierto tras una denuncia anónima y la intervención de la justicia, que determinó que ninguna autoridad universitaria estuvo involucrada. El empleado fue suspendido y se le inició un sumario administrativo.

La acusación de Benegas Lynch fue rápidamente cuestionada por Sietecase, quien consideró "gravísima" la declaración y exigió pruebas más sólidas que una simple búsqueda en internet. El periodista también criticó el uso de un hecho policial aislado y antiguo para justificar políticas actuales de recorte y auditoría en la educación pública.

El episodio se viralizó en redes sociales, donde usuarios y otros periodistas debatieron la veracidad y relevancia de la denuncia. Mientras algunos respaldaron la postura del diputado, otros la consideraron desproporcionada y fuera de contexto. El trasfondo del conflicto es el enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas, que han resistido los recortes presupuestarios y las auditorías impulsadas por el oficialismo. El caso reaviva la discusión sobre la transparencia y el financiamiento de la educación superior en Argentina, así como el uso de hechos pasados para fundamentar decisiones políticas actuales.