El Gobierno nacional formalizó la firma del primer contrato de concesión privada para la administración, explotación y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones. El acuerdo, rubricado el 6 de enero de 2026, marca el inicio de un nuevo esquema vial que elimina los subsidios estatales y apuesta por la gestión privada bajo un sistema de peajes electrónicos.

Las rutas involucradas, que incluyen los tramos Oriental y Conexión, abarcan las nacionales 12, 14, 135, A015, 117 y el Puente Rosario–Victoria (RN 174), atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Estos corredores son fundamentales para el comercio exterior, ya que facilitan la conexión con Brasil y Uruguay y el acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario.

A partir del 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomará posesión del Tramo Oriental, mientras que una Unión Transitoria de Empresas (UTE) gestionará el Tramo Conexión. El nuevo sistema de peajes será exclusivamente electrónico, mediante TelePASE, y las tarifas para automóviles oscilarán entre $1.900 y $3.563, con actualizaciones trimestrales según la inflación y los costos operativos. En el caso del puente Paso de los Libres–Uruguayana, el peaje podría alcanzar los $11.000 una vez concluidas las obras prioritarias.

El proceso licitatorio contó con siete ofertas, todas por debajo del tope tarifario oficial, lo que el Gobierno consideró un indicio de eficiencia y transparencia. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que "se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro".

El grupo Cartellone, a cargo de parte de la concesión, enfrenta causas judiciales previas, lo que ha generado cierta controversia. Sin embargo, las autoridades remarcan que el nuevo modelo permitirá una mayor eficiencia operativa y un mantenimiento continuo de las rutas, además de habilitar inversiones privadas en servicios complementarios.

El impacto de la medida será significativo para transportistas, exportadores y usuarios frecuentes, quienes deberán adaptarse al pago electrónico y a las nuevas tarifas. El Gobierno espera que la iniciativa potencie las exportaciones y el desarrollo logístico, aunque persisten dudas sobre el costo para los usuarios y la transparencia a largo plazo del sistema.