El Gobierno argentino ha iniciado en enero de 2026 el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., en el marco de una ambiciosa reforma ferroviaria que busca modernizar la infraestructura logística del país y potenciar sectores productivos estratégicos. Según lo dispuesto por el Decreto 67/2025, la privatización se implementará mediante un modelo de desintegración vertical y acceso abierto, permitiendo que operadores privados gestionen vías, talleres e inmuebles a través de licitaciones públicas, mientras que el material rodante será vendido en subastas públicas.

El plan oficial contempla que los fondos recaudados por la venta de activos se destinen a la renovación de tramos críticos, como los 300 kilómetros de vías del ramal San Martín y la finalización de la circunvalación ferroviaria en la ciudad de Santa Fe, un punto clave para la línea Belgrano. El objetivo central es incrementar la participación del ferrocarril en el transporte de cargas, elevando su cuota del 5% actual al 20% en los próximos años. "Lo que se busca es incrementar el volumen de carga para hacer rentable el negocio. El sistema de acceso abierto permitirá que cualquier operador privado utilice la red mediante el pago de un canon", explicaron fuentes oficiales.

El proceso ha despertado el interés de grandes consorcios nacionales e internacionales, entre ellos Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus y Grupo México Transportes, que proyecta inversiones cercanas a los 3.000 millones de dólares. También se han sumado empresas mineras multinacionales y firmas de capitales chilenos y españoles.

La reforma ferroviaria prioriza corredores con alta demanda y deja los tramos inactivos sujetos a la futura rentabilidad que puedan generar los nuevos operadores. Sectores como la minería en San Juan y la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta son vistos como grandes beneficiarios de la modernización, ya que la mejora en la logística podría reducir costos y aumentar la competitividad exportadora.

El Gobierno prevé que, con estas medidas, el volumen de carga transportada por tren podría duplicarse para finales de 2027. Sin embargo, el impacto final dependerá de la capacidad de integración entre actores públicos y privados, así como de la respuesta de las economías regionales ante el nuevo esquema de gestión ferroviaria.