El presidente Javier Milei anunció que llevará ante la Justicia a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una investigación por presuntas coimas que involucra también a su hermana Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem. La decisión fue precipitada por la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo, que sugieren sobreprecios y corrupción en contrataciones de la agencia.

Durante una caravana en Lomas de Zamora, Milei declaró: "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", en respuesta a las consultas de la prensa. El Gobierno, que inicialmente no planeaba avanzar judicialmente, modificó su estrategia tras la confirmación pública del presidente. Spagnuolo, por su parte, designó a Ignacio Rada Schultze como su abogado y rechazó el patrocinio sugerido por el oficialismo.

El caso generó fuerte repercusión política y mediática, en un contexto de campaña electoral marcado por incidentes y repudios en actos públicos. El Gobierno sostiene que se trata de una "opereta" política destinada a perjudicarlo antes de las elecciones, y se ha puesto públicamente a disposición de la Justicia. "Esperamos que se aclare lo más pronto posible. Lamentamos que la Justicia deba perder su tiempo con jugarretas de la política rancia en lugar de abocarse a combatir el crimen", expresó Milei en un encuentro con empresarios.

La investigación está a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes analizan la autenticidad y el origen de los audios, así como la posible implicación de otros funcionarios. Hasta el momento, la Justicia no ha avanzado con nuevas imputaciones más allá de los allanamientos iniciales y la captura de teléfonos celulares de los involucrados.

El escándalo impacta en la campaña de La Libertad Avanza, con el oficialismo buscando minimizar el daño y victimizarse ante lo que consideran una maniobra de la "casta" política. Sectores opositores y manifestantes, especialmente familiares de personas con discapacidad, han expresado su repudio y preocupación por el ajuste y la falta de acceso a medicamentos. El desenlace judicial y político del caso será clave en el clima electoral de los próximos días.