El Gobierno argentino oficializó este miércoles una serie de modificaciones al Código Aeronáutico mediante el Decreto 378/2025, con el objetivo de alinear las normativas locales a estándares internacionales, como los de Estados Unidos. Estas reformas, que entrarán en vigor en 30 días, afectan los tiempos máximos de vuelo, los períodos de descanso y las vacaciones de pilotos y tripulantes de cabina.

Entre los cambios más destacados, se establece que los pilotos podrán volar hasta 1.000 horas anuales, un aumento respecto a las 800 horas previas, mientras que el descanso semanal se reduce de 36 a 30 horas. Además, las vacaciones anuales se limitan a 15 días consecutivos, eliminando los 30 días adicionales que regían anteriormente. Estas medidas buscan otorgar mayor flexibilidad operativa a las aerolíneas, permitiéndoles organizar horarios y turnos de manera más eficiente, siempre respetando los límites establecidos por la normativa.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió las reformas, argumentando que eliminarán "privilegios" y mejorarán la competitividad del sector. "Con estas medidas, buscamos armonizar la regulación local con estándares internacionales y fomentar la inversión en el mercado aerocomercial argentino", afirmó. Por su parte, la Secretaría de Transporte destacó que las modificaciones permitirán reducir costos operativos, beneficiando tanto a las empresas como a los pasajeros.

Sin embargo, las reformas han generado un fuerte rechazo por parte de los gremios aeronáuticos. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y otros sindicatos calificaron las medidas como autoritarias y anunciaron un paro de actividades para el próximo 10 de junio. "Estas modificaciones atentan contra los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores", señaló Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

El decreto también excluye de su alcance a taxis aéreos, helicópteros y transporte de carga, que seguirán regulados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Además, se introducen excepciones que permiten ampliar los tiempos máximos de vuelo en casos de emergencias médicas, desastres o eventos operativos imprevistos, siempre bajo estrictas condiciones de seguridad.

Estas reformas se producen en un contexto de tensiones entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, que denuncian una pérdida de derechos laborales y la falta de diálogo en la implementación de las medidas. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que las modificaciones son necesarias para modernizar el sector y atraer nuevas inversiones, aunque el impacto real de estas medidas aún está por verse.