El gobierno de la provincia de Buenos Aires retomará en junio las negociaciones paritarias con los gremios estatales y docentes, en un contexto marcado por la inflación y las restricciones fiscales. Según fuentes oficiales, la administración de Axel Kicillof ya definió los principales lineamientos de la propuesta salarial, aunque la oferta formal se presentará recién después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el índice de inflación de mayo, previsto para el 11 de junio.

Durante la última reunión, funcionarios provinciales y representantes sindicales mantuvieron un encuentro preliminar en el que se expusieron las dificultades financieras que enfrenta la provincia. Como resultado, en mayo no se otorgaron nuevos incrementos salariales a los empleados públicos, incluidos docentes, médicos, judiciales y policías. "La convocatoria llegará después de la difusión del IPC, para poder cerrar la propuesta con datos actualizados", señalaron fuentes cercanas a la negociación.

La intención del Ejecutivo bonaerense es alcanzar un acuerdo salarial que se extienda por tres o cuatro meses, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad a las cuentas provinciales. Además, se mantendrá la cláusula de revisión vigente, que permite reuniones periódicas para evaluar la evolución de los salarios frente a la inflación y reabrir la discusión si es necesario.

Uno de los puntos centrales de la propuesta será su carácter "plano", es decir, con criterios uniformes para todos los sectores de la administración pública en cada categoría salarial. De esta manera, la provincia descarta aumentos diferenciados para sectores con ingresos más bajos, como habían solicitado algunos sindicatos.

El calendario de pagos condiciona los tiempos de la negociación, ya que la provincia suele liquidar los salarios desde mediados de cada mes. Por ello, cualquier acuerdo deberá cerrarse antes del 15 de junio para que pueda reflejarse en los haberes y en el medio aguinaldo que los trabajadores estatales cobran a fines de mes.

En lo que va de 2026, los empleados públicos bonaerenses acumulan una suba salarial del 9%, mientras que la inflación registrada en el mismo período alcanzó el 12%. Los gremios buscan recuperar esa diferencia en la próxima ronda de paritarias. El resultado de estas negociaciones será clave para el clima laboral en la administración pública y podría sentar un precedente para futuras discusiones salariales en la provincia.