Docentes universitarios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y otras instituciones del país han decidido intensificar su plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sector. Las medidas, que incluyen paros de 48 horas, asambleas y movilizaciones, se llevarán a cabo los días 21, 22, 26 y 27 de agosto, así como el 1 y 2 de septiembre, afectando la continuidad de las clases en el segundo cuatrimestre.

El conflicto se profundizó tras el anuncio del gobierno nacional de un incremento salarial del 7,5% entre septiembre y noviembre, acompañado de un bono. Sin embargo, los gremios docentes, nucleados en organizaciones como CONADU y ADULP, consideran que la medida es insuficiente y denuncian que gran parte de la docencia universitaria percibe sueldos por debajo de la canasta básica, lo que ha generado una crisis en las obras sociales universitarias debido a la devaluación de los salarios y el aumento de los costos médicos.

En paralelo, los gremios han convocado a una Tercera Marcha Federal Universitaria para la tercera semana de septiembre, con el objetivo de respaldar el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el veto presidencial que, según anticipan, podría ser aplicado por el Poder Ejecutivo. Además, se prevé un acto frente al Congreso el 28 de agosto, coincidiendo con el tratamiento de la ley en el Senado, para ejercer presión sobre los legisladores y visibilizar el conflicto.

Carlos De Feo, secretario general de CONADU, afirmó que "debemos mantener un alto grado de movilización" y reclamó el acompañamiento mayoritario de los legisladores a la iniciativa. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció la renuncia de 10.000 trabajadores en el sistema universitario y la falta de cobertura de vacantes, lo que agrava la situación del sector.

El plenario de secretarios generales de los gremios volverá a reunirse a comienzos de septiembre para evaluar la evolución del conflicto y definir los próximos pasos. Mientras tanto, la comunidad universitaria se mantiene en estado de alerta, a la espera de respuestas concretas por parte del gobierno nacional y del Congreso, en un contexto de creciente tensión y movilización social.