La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de Begoña, ubicado en Villa Italia, Tandil, atraviesa una profunda crisis tras la participación de un hombre condenado por estupro en las recientes festividades patronales. El hecho ocurrió el pasado viernes 15 de agosto, durante la celebración de la Virgen de Begoña, cuando padres y vecinos advirtieron la presencia activa del exmonaguillo y profesor de folklore, quien fue condenado en 2017 por abuso sexual a una menor de 14 años.

La alarma se disparó al observar que el condenado, quien ya cumplió su pena, se encontraba en contacto con alumnos y organizando actividades religiosas y escolares. Más de 120 padres y madres se organizaron rápidamente para exigir respuestas inmediatas y la remoción del sacerdote Martín Ripa, señalado por permitir el acercamiento del hombre a los menores. "No queremos abusadores entre los niños y exigimos respuestas de las autoridades", manifestaron los padres en declaraciones a la prensa local.

La situación se agravó cuando el sacerdote Ripa, inicialmente, negó conocer al hombre y luego admitió haber hablado con él dos meses atrás. Esta contradicción generó mayor desconfianza entre los padres, quienes también cuestionaron la postura de la abogada de la institución. Según relataron, la representante legal argumentó que la Constitución protege la reintegración social de personas condenadas, una justificación que fue rechazada por la comunidad educativa. "No nos dieron garantía de nada. La abogada argumentó que hay que reintegrarlos, pero nosotros consideramos que el que es violador va a seguir siéndolo", expresó uno de los padres.

Ante la falta de respuestas claras, los padres se organizaron en grupos de WhatsApp y evalúan realizar acciones públicas para visibilizar el reclamo. "La única herramienta fuerte que podemos tener los padres es el escrache, hacer pública esta situación", afirmaron. El caso reabre el debate sobre la reintegración de personas condenadas y la protección de los menores en ámbitos escolares y religiosos, mientras la comunidad espera una respuesta concreta de las autoridades.

La controversia pone en el centro la responsabilidad institucional y la necesidad de garantizar la seguridad de los niños, en un contexto donde la confianza de las familias se ha visto seriamente afectada. El desenlace de este conflicto podría sentar precedentes sobre cómo las instituciones educativas y religiosas abordan situaciones similares en el futuro.