Cristina Fernández de Kirchner volvió a protagonizar un cruce político con el presidente Javier Milei tras la detención de varios militantes peronistas acusados de atacar la vivienda del diputado José Luis Espert en San Isidro. El episodio, ocurrido el 17 de junio, incluyó el lanzamiento de estiércol y la colocación de un pasacalle con amenazas en la puerta del domicilio del legislador. Las cámaras de seguridad municipales captaron la secuencia, lo que permitió identificar a los vehículos y a algunos de los presuntos responsables.

Entre los detenidos se encuentran Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y Eva Mieri, concejala de Quilmes y presidenta del bloque del Partido Justicialista en ese municipio. Abaigar fue trasladada inicialmente al penal de Ezeiza, pero la jueza federal Sandra Arroyo Salgado le concedió prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud. Los operativos policiales incluyeron allanamientos en varias localidades del conurbano bonaerense.

En un mensaje publicado en la red social X, Cristina Kirchner exigió la liberación de los militantes y cuestionó la coherencia del Gobierno al recordar un antiguo posteo de Milei en el que celebraba protestas similares en Francia. "Che Milei… ‘Libertario’ de los ricos. ¿Te acordás cuando posteabas la foto de los manifestantes franceses tirando camiones de bosta en las oficinas públicas de Francia y decías, textualmente… ‘HERMOSA INICIATIVA’?", escribió la exmandataria, quien también advirtió sobre la aplicación de los protocolos de seguridad actuales.

El oficialismo, por su parte, sostiene que los hechos constituyen delitos y defiende la actuación de la Justicia y las fuerzas de seguridad. La ministra Patricia Bullrich respaldó las detenciones y la investigación judicial. En tanto, consejeros del Partido Justicialista presentaron una denuncia contra la jueza Arroyo Salgado por presunto mal desempeño, argumentando que las detenciones son arbitrarias y desproporcionadas.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la protesta social y la respuesta estatal, en un contexto de alta polarización política. Mientras el oficialismo insiste en la necesidad de sancionar los actos vandálicos, sectores del peronismo denuncian persecución política y doble estándar en la aplicación de la ley.