El Senado argentino se prepara para debatir una reforma clave a la Ley de Glaciares, en medio de una fuerte controversia entre el Gobierno nacional, sectores industriales, provincias mineras y organizaciones ambientalistas. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo y respaldado por la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina y gobernadores de provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, busca modificar la Ley 26.639 para permitir la explotación minera en áreas actualmente protegidas.

La iniciativa propone que solo los glaciares y ambientes periglaciales que demuestren una "funcionalidad hídrica efectiva" sean objeto de protección, desplazando el principio precautorio que rige desde 2010. De aprobarse, las provincias tendrían la facultad de determinar, mediante estudios propios, qué zonas quedan excluidas del Inventario Nacional de Glaciares, abriendo la puerta a inversiones mineras estimadas en más de 20.000 millones de dólares.

El oficialismo argumenta que la ley vigente genera "inseguridad jurídica" y paraliza proyectos productivos esenciales para la generación de divisas y el desarrollo económico. "No todos los glaciares constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos", sostienen desde el sector empresarial, que reclama un análisis "caso por caso" y mayor protagonismo provincial en la toma de decisiones.

Por su parte, la oposición, especialmente el bloque de Unión por la Patria y organizaciones ambientalistas, advierten que la reforma representa una "regresión normativa" y pone en riesgo las reservas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano y la biodiversidad. Recuerdan que la Corte Suprema, en 2019, validó la protección nacional de los glaciares y que la ley actual surgió como respuesta a la presión social ante el avance de la megaminería y el cambio climático.

El debate, previsto para el 10 de febrero de 2026, se da en un contexto de tensiones históricas entre el desarrollo económico y la preservación ambiental en la región andina. El resultado podría redefinir el equilibrio entre la explotación de recursos naturales y la protección de ecosistemas estratégicos para el futuro del país.