La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en la etapa final de definición sobre la extradición de Federico “Fred” Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude por la justicia de Estados Unidos. Machado, detenido desde 2021 y actualmente bajo prisión domiciliaria en Viedma, enfrenta cargos en Texas por tráfico de cocaína, lavado y estafa piramidal en la venta de aeronaves, en una maniobra que, según la acusación, supera los 350 millones de dólares.

El proceso judicial se aceleró en los últimos días tras la confirmación de la vigencia de los cargos por parte de la justicia estadounidense. El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, y el procurador general Eduardo Casal avalaron la extradición, y el expediente regresó a la Corte Suprema, que ahora debe decidir si autoriza el traslado de Machado. De ser así, la última palabra la tendrá el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, quien podría verse obligado a abstenerse por compartir abogado con el acusado, Francisco Oneto.

El caso tomó relevancia política tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional, luego de que se revelaran vínculos con Machado, incluyendo vuelos en aviones del empresario y una transferencia de USD 200.000 desde una empresa minera asociada a Machado. Espert negó reiteradamente la relación, pero la presión política y mediática lo llevó a abandonar la campaña y la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La situación generó preocupación en el oficialismo, con reuniones entre Mauricio Macri y Milei para analizar el impacto de las denuncias. Además, se denunció presunto lobby y maniobras judiciales para demorar la extradición, involucrando al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y figuras cercanas al entorno presidencial.

Machado, por su parte, niega los cargos y se declara víctima de persecución judicial, argumentando que “agarraron al enemigo equivocado”. Su pedido de refugio en Argentina fue rechazado, y espera la resolución final en su domicilio, bajo estrictas condiciones impuestas por la justicia.

El desenlace del caso podría tener implicancias políticas y diplomáticas, especialmente por los posibles conflictos de intereses en la definición de la extradición y la exposición de redes de influencia entre política, justicia y negocios internacionales.