Cinco hombres fueron detenidos en Villa Ana, Santa Fe, acusados de abusar sexualmente de un camionero y grabar el ataque. El hecho ocurrió el 24 de enero en un camino rural, a 200 metros de la Ruta Provincial 32, cuando la víctima, que trabajaba en la cosecha junto a los agresores, fue interceptada y amenazada con un cuchillo. Según el expediente judicial, los atacantes lo obligaron a descender del camión y lo sometieron a un abuso sexual grupal, mientras lo amenazaban con cortarle los genitales si denunciaba lo ocurrido.

La denuncia fue radicada el 27 de enero ante la Fiscalía Nº4, que incorporó como prueba central el video del ataque, registrado por los propios agresores. La jueza penal Natalia Palud ordenó la detención de los cinco acusados, identificados como Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez. Cuatro de ellos fueron arrestados pocas horas después de la denuncia, mientras que el quinto fue aprehendido el 1 de febrero.

La investigación estuvo inicialmente a cargo de la fiscal Elisabeth Aguirre, luego continuó con la intervención de Valentín Herenú para las imputaciones y actualmente quedó bajo la órbita del fiscal Norberto Ríos. Los imputados intentaron minimizar el hecho, argumentando que se trató de "un chiste", versión que fue descartada por la fiscalía ante la gravedad de las pruebas reunidas.

La calificación legal es de "abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por el número de participantes y el uso de arma", figura penal que contempla penas elevadas. Cuatro acusados permanecen bajo prisión preventiva, mientras que Benítez sigue el proceso en libertad bajo estrictas condiciones judiciales.

El caso ha generado una fuerte conmoción en la región norte de Santa Fe, no solo por la brutalidad del ataque, sino por el contexto de aislamiento rural y relaciones de poder entre trabajadores. La violencia extrema y planificada ha reactivado el debate sobre la necesidad de políticas de prevención, contención y denuncia en ámbitos laborales rurales, donde las víctimas pueden quedar atrapadas en redes de dependencia y miedo. La Justicia busca garantizar el desarrollo de la investigación, proteger a la víctima y evitar cualquier tipo de entorpecimiento probatorio o intimidación.