El Gobierno argentino presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y otros funcionarios. La denuncia, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, sostiene que se trató de una operación de inteligencia ilegal con el objetivo de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Según fuentes oficiales, la maniobra consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados, que fueron utilizados para condicionar al Poder Ejecutivo y generar caos en el proceso electoral.

La filtración de los audios se produjo en el contexto de un escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de grabaciones atribuidas al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. En los registros, se mencionan supuestos sobornos que involucrarían a la hermana del presidente Javier Milei y a su asesor Eduardo "Lule" Menem. Sin embargo, los audios de Karina Milei no contienen referencias directas a delitos, aunque evidencian que las grabaciones se realizaron sin su consentimiento dentro de la Casa Rosada.

El Gobierno solicitó medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral. Además, identificó a periodistas y empresarios como presuntos responsables de la difusión, y advirtió sobre posibles influencias extranjeras en la operación, comparándola con patrones atribuidos a intereses rusos y chavistas. "No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia", señalaron desde Casa Rosada.

La reacción oficial fue inmediata, con reuniones de alto nivel en la sede gubernamental y declaraciones públicas que enfatizaron la gravedad institucional del hecho. Por su parte, opositores y organizaciones sociales exigieron mayor transparencia y criticaron la respuesta del Gobierno. El diputado Diego Santilli calificó la situación como de "gravedad monumental" y atribuyó la maniobra a grupos de poder e inteligencia que buscan interferir en la política nacional, especialmente en la previa de los comicios bonaerenses.

El episodio se suma a una serie de filtraciones que han afectado a la administración libertaria en las últimas semanas, intensificando el clima de tensión política en vísperas de las elecciones legislativas y nacionales. El Gobierno insiste en que la denuncia busca proteger la institucionalidad y la transparencia democrática, mientras la Justicia deberá determinar el alcance y los responsables de la operación.