El gobierno nacional oficializó este martes una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte información que permita la captura de Matías Ignacio Gazzani, de 29 años, sindicado como líder de la banda narco Los Menores. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 891/2025 y firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responde a la creciente preocupación por la violencia narco en Rosario y la impunidad con la que operan estas organizaciones.

Gazzani, prófugo desde hace más de un año, es investigado por su presunta participación en el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo, jefe y subjefe de la barra brava de Rosario Central, asesinados en noviembre del año pasado. Según fuentes policiales y judiciales, Los Menores, banda surgida en el barrio 7 de Septiembre, se expandió rápidamente en la venta de drogas al menudeo y en la comisión de delitos violentos, extendiendo su influencia a barrios como Emaús, Hostal del Sol, Stella Maris y Villa La Bombacha.

La estructura de la banda es compleja, con alianzas con otros grupos criminales como Los Monos y el clan Riquelme, y con la participación de menores de edad en sus filas. Investigaciones recientes revelaron la existencia de protección policial, lo que permitió a Los Menores consolidar su poder y evadir operativos. Uno de los principales colaboradores de Gazzani, Lisandro “Limón” Contreras, fue detenido en diciembre pasado en un country de Pilar, acusado de ser organizador logístico de la banda.

El pedido de captura nacional de Gazzani fue solicitado por la Procuraduría de Narcocriminalidad y la fiscalía provincial, que lo consideran un actor clave en la actual ola de violencia en Rosario. La recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana ante la dificultad de localizar al prófugo, quien habría sido visto en Rosario y en la zona de Puerto Madero, Buenos Aires.

La situación evidencia la gravedad del fenómeno narco en Rosario, donde la connivencia policial y la disputa entre bandas han generado un clima de inseguridad creciente. El gobierno nacional insiste en la necesidad de desarticular estas organizaciones y restaurar la paz en la ciudad, mientras la Justicia avanza en la investigación de los vínculos y responsabilidades de los implicados.