En la última audiencia del juicio por la Causa Cuadernos, varios empresarios arrepentidos ofrecieron detalles sobre el funcionamiento de un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Según los testimonios leídos ante el Tribunal Oral Federal N°7, los empresarios eran presionados y amenazados por exfuncionarios para realizar pagos periódicos a cambio de acceder a contratos y evitar represalias.

Patricio Gerbi, presidente de COARCO, relató que Claudio Uberti, exfuncionario del Órgano de Control de Concesiones Viales, lo amenazaba con frases como “te voy a hacer fundir” y “voy a ir por vos y tu familia” si no accedía a entregar sumas de dinero. Gerbi detalló que los pagos, equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares, se realizaban varias veces al año en efectivo. Otros empresarios, como Juan Chediack y Aldo Roggio, describieron mecanismos similares de presión y entrega de dinero, en algunos casos en domicilios particulares o incluso en baños de ministerios.

La fiscalía, encabezada por Carlos Stornelli, sostiene que Cristina Kirchner impartió directivas para crear y sostener este mecanismo, ubicándola en la cúspide de la estructura. Se señala también la participación de Julio De Vido, José López y Ernesto Clarens como organizadores y ejecutores del sistema. Según la acusación, el monto total de coimas recaudadas podría superar los 30 millones de dólares.

El expediente, conocido como “La Camarita”, es un tramo específico de la Causa Cuadernos que aborda la cartelización y el pago de sobornos en el sector vial. El caso involucra a más de 50 imputados, entre funcionarios y empresarios, y se apoya en confesiones de arrepentidos y documentos judiciales.

El juicio continuará en los próximos días con la lectura de nuevos testimonios y pruebas. Mientras tanto, la defensa de los acusados niega las acusaciones y cuestiona la validez de los testimonios de los empresarios arrepentidos. El proceso judicial sigue siendo uno de los más relevantes en la agenda política y judicial argentina, con posibles implicancias para el futuro de la obra pública y la transparencia institucional.