La Cámara Federal de La Plata ha revocado una decisión judicial que permitía a Sofía Clerici, modelo y acompañante de viajes, recuperar 600.000 dólares incautados en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Este caso, que también involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, ha generado un amplio debate público sobre la corrupción y el uso de programas de blanqueo de activos.

La decisión inicial, tomada por el juez Ernesto Kreplak, permitía a Clerici blanquear los fondos bajo un programa gubernamental. Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía apelaron esta medida, argumentando que los fondos podrían estar relacionados con hechos de corrupción. En respuesta, los jueces Carlos Vallefín y Alberto Lemos Arias decidieron revocar la autorización, enfatizando la necesidad de preservar bienes que podrían estar ligados a actividades ilícitas.

El dinero fue incautado tras la difusión de imágenes de Clerici junto a Martín Insaurralde en un yate en el Mediterráneo. Este hecho levantó sospechas sobre el origen de los fondos y llevó a la apertura de una investigación que también involucra a Insaurralde, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Tras el escándalo, Insaurralde fue separado de su cargo como jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

La defensa de Clerici intentó justificar el origen de los fondos como ingresos de su actividad profesional, argumentando que su trabajo como "acompañante de viajes" le genera importantes honorarios. Sin embargo, esta explicación fue rechazada por la Justicia, que también negó el sobreseimiento solicitado por la modelo.

La organización Poder Ciudadano, querellante en la causa, y la UIF han sido firmes en su postura de mantener los fondos embargados mientras avanza la investigación. Este caso ha puesto en el centro del debate público la efectividad de los programas de blanqueo de activos y la lucha contra la corrupción en Argentina.

El caso sigue en curso y se espera que las investigaciones arrojen más luz sobre el origen de los fondos y su posible conexión con actos de corrupción. Mientras tanto, la decisión de la Cámara Federal representa un revés significativo para Clerici, quien deberá enfrentar un proceso judicial para esclarecer la legalidad de los 600.000 dólares incautados.