La provincia de Santa Cruz se encuentra en el centro de una controversia política y judicial tras la aprobación de la Ley 3949, que amplía el Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y aprobada en la Legislatura con una ajustada mayoría, fue rápidamente cuestionada por sectores opositores y gremiales, que denunciaron su alto costo y presunta motivación política.

El gobernador Claudio Vidal denunció públicamente que la ex presidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo habrían operado un "golpe judicial" para frenar la reforma, acusando a operadores judiciales vinculados al kirchnerismo de violar la división de poderes. "Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz", afirmó Vidal en redes sociales, arrobando a autoridades nacionales y provinciales.

La polémica se intensificó cuando el juez Marcelo Bersanelli dictó una medida cautelar que ordena a la Cámara de Diputados abstenerse de avanzar con las designaciones de nuevos vocales en el Tribunal Superior de Justicia, suspendiendo el trámite por diez días o hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El amparo fue presentado por el gremio judicial, cuyo secretario general, Franco Mascheroni, sostiene que la reforma es "irrazonable e incompatible con el sistema republicano" y que pone en riesgo la independencia judicial.

El debate sobre la constitucionalidad de la ley y las medidas cautelares dictadas por Bersanelli han tensionado la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Mientras el oficialismo defiende la reforma como un avance institucional que permitirá una justicia "más democrática, accesible y transparente", la oposición y sectores judiciales aseguran que el cambio responde a intereses políticos y representa una "colonización" del máximo tribunal.

El contexto provincial agrava la controversia: Santa Cruz enfrenta una crisis económica y social, con hospitales y escuelas en estado crítico, salarios licuados por la inflación y recortes presupuestarios. El gasto anual estimado para la ampliación del tribunal supera los 4.500 millones de pesos, lo que ha sido duramente cuestionado por gremios y trabajadores judiciales.

La Federación Judicial Argentina expresó su rechazo a la iniciativa, mientras que desde el oficialismo se insiste en la necesidad de fortalecer las instituciones. La discusión sobre la constitucionalidad de la norma y la posible intervención de la Corte Suprema de Justicia mantienen en vilo a la provincia, en un clima de alta polarización política y desconfianza institucional. El desenlace de la disputa podría tener implicancias profundas para el futuro de la justicia y la gobernabilidad en Santa Cruz.