José López, exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, se entregó este martes en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la condena de seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. López, quien ya había estado preso por enriquecimiento ilícito y fue protagonista del escándalo de los bolsos con dólares en un convento, es el primer condenado en quedar detenido tras la confirmación de las sentencias por parte de la Corte Suprema.

El exfuncionario viajó solo desde Río Gallegos y, tras presentarse ante el Tribunal Oral Federal 2, fue trasladado al penal de Ezeiza. Su defensa solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando problemas psiquiátricos y un riesgo elevado para su seguridad, dado su rol de testigo arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción. "La vida de López corre riesgo si vuelve a prisión", señalaron sus abogados, quienes también presentaron informes médicos para respaldar el pedido.

La causa Vialidad, que investiga el direccionamiento de obras públicas a favor de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, involucra a otros exfuncionarios y empresarios. Entre los condenados se encuentran la expresidenta Cristina Kirchner, Nelson Periotti y Raúl Pavesi, quienes también solicitaron arresto domiciliario por razones de salud y edad avanzada. El tribunal dispuso que todos los condenados se presenten en Comodoro Py en un plazo de cinco días hábiles, bajo un fuerte operativo de seguridad ante la posibilidad de movilizaciones políticas.

El fallo de la Corte Suprema, que dejó firme la condena la semana pasada, marcó un hito en la lucha contra la corrupción en la obra pública argentina. El perjuicio al Estado se estimó en 85.000 millones de pesos, y la sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal evaluará los informes médicos y de seguridad antes de decidir sobre los pedidos de prisión domiciliaria.

La entrega de López y la inminente notificación a Cristina Kirchner reavivan el debate sobre el cumplimiento efectivo de las condenas por corrupción y el uso de la prisión domiciliaria en casos de salud o edad avanzada. El caso sigue generando repercusiones políticas y sociales, mientras la Justicia avanza en la ejecución de las penas.