Nueve hombres fueron procesados por la Justicia Federal, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, incluidas dos menores de edad, en un prostíbulo encubierto que operaba bajo la fachada de un boliche en el barrio porteño de Recoleta. El local, denominado D’Lirio y ubicado en Vicente López 2134, fue allanado el 9 de julio de 2024 tras una investigación impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, dirigida por Alejandra Mángano, con el apoyo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima realizada el 6 de abril de 2022 a la Línea 145, que alertó sobre la existencia de un prostíbulo disfrazado de bar y boliche bailable. La denuncia mencionaba la presencia de menores de edad, venta de drogas y posible connivencia policial. Tras meses de trabajo, la fiscalía y la PROTEX lograron allanar el local, donde identificaron a 50 mujeres, de las cuales 43 estaban en calidad de “presencias”, según el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Trata.

El local operaba exclusivamente para clientes varones, con acceso restringido y pagos de entre 30.000 y 50.000 pesos para compartir mesa con una mujer. Las mujeres eran reclutadas principalmente a través de redes sociales, bajo ofertas engañosas de “presencias” y “copas”. Una vez dentro, debían acompañar a los clientes, conversar, beber y bailar para incentivar el consumo de bebidas. El pago era de entre 7.000 y 20.000 pesos por noche, sin porcentaje por las copas vendidas. Si llegaban tarde o se iban antes de las 6 de la mañana, no cobraban.

El sistema era tan estricto que el personal de seguridad y de caja controlaba el ingreso y egreso de las mujeres, y el pago se realizaba en efectivo al final de la jornada. Además, muchas eran forzadas a aceptar encuentros sexuales con clientes en hoteles cercanos, por montos que iban de 150 a 500 dólares, de los cuales los organizadores se quedaban con al menos 100. El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que “el respaldo de la sociedad comercial daba una imagen de legalidad que servía para que las mujeres aceptaran condiciones de control y abuso”. Las víctimas “eran exhibidas como objetos, debían tolerar abusos de los clientes y estaban sometidas a un sistema de vigilancia con cámaras y personal del local”.

La organización operaba bajo la pantalla de Gran Recoleta S.A., con una estructura jerárquica y roles bien definidos. Tres de los imputados estaban a cargo de todo, usando la sociedad para obtener habilitaciones y encubrir la actividad ilegal. Otros cuatro imputados cumplían tareas operativas: administración, registro de mujeres, recepción de dinero y coordinación logística. El grupo de “los públicas” era responsable de captar mujeres, muchas veces a través de recomendaciones o por clientes de otros boliches.

El juez procesó a cinco de los acusados como coautores del delito de trata agravada por la existencia de menores de edad, y a cuatro como partícipes necesarios. Todos quedaron procesados sin prisión preventiva, pero con embargos por 7.800 millones de pesos, inhibición general de bienes de la empresa y prohibición de acercamiento a las víctimas. La investigación reveló que D’Lirio era la continuación del prostíbulo Madaho’s, que ya había sido desbaratado por trata y explotación sexual. El análisis de las sociedades comerciales y los movimientos bancarios mostró un flujo de 1.500 millones de pesos entre 2021 y 2025, con depósitos en efectivo y transferencias a familiares para ocultar el origen del dinero.

El caso pone en evidencia la persistencia de esquemas de explotación sexual encubierta en Buenos Aires y la necesidad de fortalecer los controles y la protección de las víctimas.