La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 14 años y medio de prisión para Ángel Fabián Constantino, exintendente de la localidad entrerriana de Gilbert, por delitos de abuso sexual cometidos contra tres mujeres. El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso presentado por la defensa, cerrando así un extenso proceso judicial que comenzó en 2018.

Constantino fue condenado por dos hechos de abuso sexual simple y tres de abuso sexual con acceso carnal, ocurridos entre 2018 y 2021, primero cuando se desempeñaba como director de Cultura y luego como intendente, cargo al que accedió en 2019. La fiscalía había solicitado una pena de 18 años de prisión, mientras que la defensa reclamó la absolución. Finalmente, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú dictó la condena en marzo de 2023, y fue ratificada por la Cámara de Casación y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Las víctimas relataron episodios de abuso en distintos contextos: una empleada municipal denunció tocamientos y amenazas dentro del municipio; otra mujer fue agredida durante traslados laborales en el vehículo particular del intendente; y una tercera fue violada en un comercio en 2018. El tribunal consideró que los hechos se desarrollaron en un contexto de violencia de género laboral y abuso de poder, aprovechando la posición jerárquica de Constantino.

Tras conocerse las denuncias, la comunidad de Gilbert protagonizó movilizaciones exigiendo la suspensión del intendente y la intervención del municipio. En 2022, el entonces gobernador Gustavo Bordet dispuso la remoción de Constantino del cargo. El exintendente negó las acusaciones y, antes de conocer el veredicto, declaró: “No me arrepiento de nada, gracias a Dios”.

Luego de la condena en primera instancia, Constantino cumplió prisión domiciliaria hasta que los tribunales rechazaron sus recursos y ordenaron su traslado a una unidad penitenciaria. Con el fallo de la Corte Suprema, la condena queda definitivamente firme, marcando un precedente en la lucha contra la violencia de género y el abuso de poder en la función pública.