El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 rechazó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral. La decisión, firmada por el juez Enrique Lavié Pico, mantiene vigente la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei mientras se resuelve el fondo del litigio judicial.

La CGT había promovido una acción de amparo el 6 de marzo, solicitando la nulidad e invalidez constitucional de los artículos que transfieren la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En su presentación, la central sindical argumentó que la ejecución de la ley podría dificultar una reparación futura y afectar tanto a empleados judiciales como a miles de causas en trámite. Además, reclamó una medida cautelar innovativa para suspender la aplicación de los artículos hasta que se dicte sentencia definitiva.

El juez Lavié Pico fundamentó su rechazo señalando que las medidas cautelares de carácter innovativo son de aplicación excepcional y que, en este caso, la solicitud de la CGT coincidía con el objeto principal de la demanda. "No se advierte el peligro en la demora que justifique su dictado, a la luz de los elementos presentados", sostuvo el magistrado. Además, remarcó que la vía sumarísima del amparo asegura una pronta decisión sobre el fondo del asunto, por lo que no se configura un daño irreparable.

La resolución representa el primer revés judicial para la estrategia del sindicalismo de frenar la reforma laboral. Mientras tanto, la CGT anunció que continuará con nuevas acciones judiciales y políticas para intentar modificar o frenar algunos de los puntos centrales de la ley. Por su parte, el gobierno defiende la reforma como un eje central de su programa de modernización y reducción de cargas sociales.

La ley de reforma laboral, aprobada en sesiones extraordinarias del Congreso y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo, introduce cambios significativos como la extensión de la jornada laboral, la digitalización de libros laborales, modificaciones en el cálculo de indemnizaciones y en los aportes sindicales, entre otros puntos. El conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento sindical abre así un nuevo capítulo en la disputa por el futuro del sistema laboral argentino, mientras la normativa sigue vigente a la espera de una sentencia definitiva.