Un reciente fallo de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera en 2012. La sentencia, que implica una indemnización de entre 16.000 y 17.000 millones de dólares, generó un fuerte impacto político y económico en el país.

El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro y su equipo de abogados en Nueva York, solicitó la suspensión de la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación, argumentando que existen altas probabilidades de éxito y que la medida podría causar un daño irreparable. "Estamos trabajando el tema. Hay un equipo de la Procuración del Tesoro preparando la apelación", señaló un alto funcionario, quien agregó que el proceso podría extenderse durante años.

En paralelo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof defendió la expropiación de YPF y cuestionó tanto la legitimidad del fallo como la actitud del presidente Javier Milei. "El Congreso, por amplia mayoría, resolvió que las acciones de YPF no quedan a disposición del Poder Ejecutivo, menos todavía de un país extranjero", afirmó Kicillof, quien también advirtió que parte de las acciones pertenecen a las provincias y que cualquier transferencia requeriría la aprobación del Congreso.

El presidente Milei, por su parte, responsabilizó a Kicillof y a la gestión anterior por el fallo adverso, mientras que desde el Gobierno se sostiene que la decisión judicial es "dramática" para YPF y que se apelará todas las veces que sea necesario. Analistas de mercado consideran que la reacción bursátil, con caídas de hasta 8% en los ADRs de YPF en Wall Street y más de 5% en la bolsa local, fue exagerada y que los fondos demandantes buscarán negociar antes que tomar el control operativo de la empresa.

El caso reavivó el debate sobre la soberanía energética y el rol estratégico de YPF, en un contexto donde la compañía es clave para el desarrollo de Vaca Muerta y la producción de hidrocarburos en Argentina. El desenlace del litigio y las negociaciones en curso serán determinantes para el futuro de la petrolera y la economía nacional.