La demanda colectiva por la criptomoneda $LIBRA ha dado un giro significativo al pasar al fuero federal en los Estados Unidos y fusionarse con otra causa relacionada con la memecoin $M3M3. Este movimiento, aprobado por la jueza Jennifer Rochon del Distrito Sur de Nueva York, busca evitar duplicidad de esfuerzos judiciales y garantizar una mayor eficiencia en el proceso.

Los principales acusados, Hayden Davis y Benjamin Chow, enfrentan serias acusaciones de fraude y manipulación de mercado. Según las demandas, ambos implementaron estrategias para inflar artificialmente el valor de las criptomonedas, engañando a miles de inversores y causando pérdidas estimadas en más de 320 millones de dólares. El estudio jurídico Burwick Law, que representa a las víctimas, ha señalado que estas prácticas incluyeron el uso de información privilegiada y la manipulación de fondos de liquidez en plataformas descentralizadas como Meteora.

Aunque el presidente argentino Javier Milei no está formalmente acusado, su nombre aparece mencionado en varias ocasiones en la demanda. Según los demandantes, Milei promovió $LIBRA como una inversión legítima, lo que habría contribuido a crear una falsa percepción de estabilidad y valor en el mercado. Sin embargo, el estudio Burwick Law decidió excluirlo de la causa, junto con otros funcionarios argentinos, para evitar dilaciones judiciales que podrían surgir por la intervención del Estado argentino.

En Argentina, la Unidad de Tareas de Investigación sobre $LIBRA fue disuelta recientemente por decreto presidencial, lo que ha generado críticas y sospechas sobre la transparencia del proceso. Mientras tanto, en Estados Unidos, la investigación avanza con la posibilidad de que uno de los acusados se convierta en "arrepentido", lo que podría abrir nuevas líneas de investigación y fortalecer el caso contra los principales responsables.

El abogado Gregorio Dalbon, quien colabora con la denuncia ante el FBI, destacó que el fuero federal ofrece mayores garantías tanto para las víctimas como para los acusados. "Es mejor que sea federal, ya que los organismos gubernamentales de EE.UU., como el FBI, actúan más rápido con las evidencias", afirmó Dalbon.

Este caso, que combina elementos de fraude financiero y controversias políticas, sigue captando la atención internacional. Con miles de inversores afectados y un impacto económico significativo, el desenlace de esta megacausa podría sentar precedentes importantes en la regulación de criptomonedas y la protección de los consumidores.