La política argentina vivió una semana de alta tensión tras la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La Corte Suprema confirmó la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidenta, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, Buenos Aires. Este hecho, inédito en la historia democrática del país, generó una inmediata reacción social y política.

Miles de simpatizantes se movilizaron frente a su domicilio y en la Plaza de Mayo, en una muestra de apoyo que reunió a sindicatos, agrupaciones peronistas y partidos de izquierda. El acto, marcado por la ausencia de la CGT y la mayoría de los gobernadores peronistas, evidenció tanto la vigencia del liderazgo de Cristina Kirchner como las tensiones internas en el peronismo. En su mensaje, transmitido por redes y medios, la ex mandataria criticó al gobierno de Javier Milei y llamó a la unidad bajo la consigna "vamos a volver".

El oficialismo buscó capitalizar la situación en el plano mediático, pero la agenda pública fue dominada por el "cristinismo". Mientras tanto, la oposición celebró el fallo judicial, interpretándolo como un triunfo institucional. Analistas coinciden en que la condena representa un punto de inflexión: por un lado, reactiva la militancia y la mística peronista; por otro, profundiza la incertidumbre sobre el futuro del liderazgo y la unidad del PJ.

El peronismo enfrenta ahora el desafío de redefinir su estrategia electoral de cara a los comicios bonaerenses y nacionales, en un contexto de polarización y fragmentación. La situación de Cristina Kirchner, convertida en símbolo de resistencia para sus seguidores y en figura controvertida para sus detractores, reabre el debate sobre la renovación de liderazgos y el rumbo del movimiento. El desenlace de este proceso tendrá implicancias profundas para la política argentina en los próximos meses.