El caso Nora Dalmasso, uno de los crímenes más resonantes de la historia judicial argentina, vuelve a ocupar el centro de la escena tras 18 años de incertidumbre. El reciente éxito de la serie documental “Las mil muertes de Nora Dalmasso” en Netflix reavivó el interés público y puso nuevamente bajo la lupa a la Justicia de Río Cuarto, Córdoba, donde ocurrió el femicidio en 2006.

En diciembre de 2024, la investigación dio un giro inesperado: el parquetista Roberto Bárzola fue imputado luego de que su perfil genético coincidiera con el ADN hallado en la ropa de la víctima y un cabello suyo fuera encontrado en la escena. Bárzola, quien trabajaba en la casa de la familia Dalmasso, sostiene que no estuvo presente el día del crimen, aunque su testimonio y las pruebas forenses lo ubican en el lugar y momento del hecho. Su defensa solicitó el cierre de la causa por prescripción, argumentando el paso de casi dos décadas desde el asesinato.

El fiscal Pablo Jávega, a cargo de la investigación desde la absolución del viudo Marcelo Macarrón en 2022, rechaza la prescripción. Sostiene que la acción penal estuvo suspendida mientras los Macarrón eran imputados, lo que impidió a la familia actuar como querellante. La Cámara de Apelaciones de Río Cuarto debe decidir si la causa avanza hacia un juicio oral o queda limitada a un "juicio por la verdad", sin posibilidad de condena.

El caso estuvo marcado por hipótesis infundadas, dilaciones judiciales y una fuerte estigmatización social de la familia Dalmasso, que durante años fue señalada como sospechosa. El documental de Netflix, dirigido por Jamie Crawford, expone el sufrimiento de la familia y la presión social por la falta de justicia. “No vamos a bajar los brazos en hacer justicia por la víctima”, afirma el abogado Gustavo Liebau.

Mientras la sociedad y la familia exigen una resolución definitiva, el caso Dalmasso sigue siendo símbolo de la lucha contra la impunidad y los estigmas en la justicia argentina. La decisión de la Cámara será clave para determinar si, finalmente, se podrá avanzar hacia una condena o si el crimen quedará impune tras casi dos décadas de incertidumbre.