El Senado argentino aprobó este jueves una serie de proyectos de alto impacto social y fiscal, entre los que se destacan el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, la declaración de emergencia en discapacidad y la redistribución de fondos nacionales a las provincias. La votación representó un duro revés para el Gobierno de Javier Milei, que rápidamente anunció su intención de vetar todas las leyes que, según el Ejecutivo, ponen en riesgo el objetivo de déficit fiscal cero.

El presidente Milei, desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, fue enfático: “Lo vamos a vetar. Si se cae el veto, lo vamos a judicializar. La política del superávit fiscal es permanente”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó la estrategia oficial y señaló que el Gobierno buscará convencer al menos a un tercio de los diputados o senadores para sostener los vetos, como ya ocurrió en ocasiones anteriores.

La oposición, respaldada por la mayoría de los gobernadores, logró aprobar los proyectos con amplias mayorías. El aumento a los jubilados incluye un 7,2% y eleva el bono mínimo de $70.000 a $110.000, mientras que la emergencia en discapacidad fue aprobada por unanimidad. Además, se avanzó en la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional y del Impuesto a los Combustibles, iniciativas impulsadas por los mandatarios provinciales.

El oficialismo argumenta que las leyes carecen de financiamiento claro y que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Por su parte, los gobernadores y legisladores opositores defienden el carácter federal y social de las medidas, y celebran el consenso alcanzado en el Congreso.

El desenlace de este conflicto institucional dependerá ahora de la Cámara de Diputados, donde el Gobierno confía en el apoyo de los llamados “87 héroes” para sostener los vetos. Sin embargo, la oposición también busca sumar voluntades para alcanzar los dos tercios necesarios y ratificar las leyes. El resultado final podría redefinir el equilibrio de poder entre el Ejecutivo, el Congreso y las provincias, en un contexto de alta tensión política y social.