La expresidenta Cristina Kirchner comenzó a cumplir arresto domiciliario con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111, Buenos Aires, tras la ratificación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. El procedimiento, ordenado por el Tribunal Oral Federal 2 e implementado por el Servicio Penitenciario Federal, incluyó la instalación de un sistema de monitoreo en tiempo real y la notificación formal del inicio del cómputo de la pena, que finalizará el 16 de junio de 2031.

Durante la jornada, personal policial tomó las huellas digitales de la exmandataria y le leyó sus derechos, en un operativo que se desarrolló en un clima de tensa cordialidad. El tribunal aclaró que Cristina Kirchner podrá hacer uso del balcón de su residencia, siempre que no altere la tranquilidad del vecindario, y estableció que las reglas de conducta serán revisadas trimestralmente para evaluar la continuidad del arresto domiciliario.

La decisión de implementar la prisión domiciliaria, en lugar de una detención en Comodoro Py, se tomó en un contexto de movilizaciones masivas de apoyo a la expresidenta y ante el temor de incidentes. El caso generó un intenso debate público sobre las condiciones impuestas, especialmente en lo relativo a las visitas y la posibilidad de realizar actividades políticas.

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, calificó las restricciones como "ilegales" y sostuvo que el Código Penal no prevé limitaciones adicionales para la prisión domiciliaria. Por su parte, los abogados de Cristina Kirchner anticiparon que apelarán las condiciones ante la Cámara de Casación y organismos internacionales, argumentando que no se le pueden restringir derechos políticos ni limitar el contacto con allegados.

El uso de tobilleras electrónicas para el control de arrestos domiciliarios es una práctica extendida en Argentina, con más de 5.000 personas bajo este sistema. El caso de Cristina Kirchner, sin embargo, ha reavivado la discusión sobre la imparcialidad judicial y la aplicación de medidas excepcionales en causas de alto perfil político. El desarrollo de la situación será seguido de cerca por la opinión pública y podría tener implicancias en el debate sobre la reforma judicial en el país.