Un empresario argentino, Marcelo Poj, presidente de la fábrica de colchones Simmons, reveló en un streaming industrial que el gobierno de Javier Milei le sugirió importar insumos tras el cierre de una planta petroquímica clave. La planta en cuestión, Dow Chemical, ubicada en San Lorenzo, había sido un proveedor esencial de insumos plásticos para diversas industrias, incluida la de colchones. Este cierre dejó a los fabricantes locales dependientes de insumos importados, lo que generó un debate sobre las políticas económicas actuales.

Poj relató que un funcionario del gobierno justificó la medida como una forma de beneficiar al consumidor final con precios más bajos. Sin embargo, el empresario argumentó que "el consumidor también es empleado", destacando el impacto negativo en el empleo local. Según Poj, esta situación refleja una "cuestión ideológica" en las políticas económicas del gobierno, que priorizan la apertura de mercados y la competencia con productos importados.

Desde la asunción de Milei, se han cerrado 11.931 empresas en el país, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los sectores más afectados incluyen la construcción, el comercio y el transporte, con una pérdida significativa de empleadores y empleos. Además, grandes empresas como HSBC, Xerox y Procter & Gamble han abandonado el país o reducido sus operaciones, mientras que otras, como Ferrum y Acindar, han suspendido actividades debido a la caída del consumo.

La política económica del gobierno busca reducir la inflación mediante la apertura de mercados y la importación de productos más económicos. Sin embargo, esta estrategia ha generado una recesión económica, pérdida de empleos y una creciente dependencia de insumos extranjeros. Analistas advierten sobre el riesgo de desindustrialización y el impacto a largo plazo en la economía nacional.

El cierre de Dow Chemical en San Lorenzo es un ejemplo emblemático de estas tensiones. La planta había sido rescatada previamente por el gobierno anterior y la gestión provincial de Santa Fe, pero finalmente cerró sus puertas en octubre de 2024. Este hecho ha dejado a muchas industrias locales en una situación crítica, obligándolas a depender de insumos importados y enfrentando mayores costos operativos.

El caso ha generado críticas desde sectores industriales, que cuestionan la falta de apoyo a la producción nacional y el impacto en el empleo. Mientras tanto, el gobierno defiende su enfoque como una forma de beneficiar al consumidor, aunque enfrenta crecientes cuestionamientos por las consecuencias sociales y económicas de sus políticas. La situación plantea un debate más amplio sobre los modelos económicos y sus efectos en la industria y el empleo en Argentina.