La crisis sanitaria desatada por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina ha puesto en jaque al sistema de control de medicamentos y a la justicia federal. Según la investigación judicial, más de 33.000 ampollas del lote 31202, producidas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, fueron aplicadas a pacientes internados en hospitales y clínicas de todo el país antes de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibiera su uso en mayo de 2025. El producto estaba contaminado con bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, lo que derivó en al menos 68 muertes confirmadas y otros 20 casos en estudio.

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, dictó embargos y prohibiciones de salida del país para 24 personas vinculadas a los laboratorios involucrados, entre ellos Ariel García Furfaro y otros familiares y directores técnicos. La investigación apunta a determinar la responsabilidad penal en la producción y comercialización del medicamento adulterado, mientras se recuperan las ampollas restantes y se analizan historias clínicas de pacientes afectados.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Giovanni, un bebé de Córdoba que sufrió una severa infección tras ser sedado con el fentanilo contaminado. La situación de la clínica Vélez Sarsfield, donde se reportaron varias víctimas, está bajo especial atención judicial, y se sospecha que el número de afectados podría ser mayor al informado oficialmente.

La ANMAT confirmó que HLB Pharma no tiene habilitación vigente para producir ni vender medicamentos, y que la empresa carece de director técnico registrado, condición indispensable para cualquier operación autorizada. A pesar de ello, la firma figura en los registros administrativos, lo que ha generado controversia sobre la efectividad de los controles estatales.

En el ámbito político, la Cámara de Diputados debatió la creación de una comisión investigadora para esclarecer cómo ingresó al sistema de salud el medicamento contaminado y quiénes deben responder por lo ocurrido. Sin embargo, el proyecto no fue tratado por falta de quórum, lo que generó críticas de legisladores y familiares de las víctimas.

El caso ha puesto en evidencia la necesidad de reformas en la trazabilidad y control de medicamentos en Argentina, así como una revisión del rol de los organismos reguladores. El Ministerio de Salud y la ANMAT enfrentan cuestionamientos por la demora en la respuesta y la falta de sanciones más severas. Mientras tanto, la investigación judicial continúa, con la expectativa de nuevas imputaciones y posibles cambios en la normativa sanitaria.