El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la privatización del sector energético al preadjudicar la venta del 100% del capital accionario de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida, formalizada mediante la Resolución 2059/2025 del Ministerio de Economía, implica la transferencia de activos estratégicos de generación eléctrica al sector privado por un monto total superior a los 700 millones de dólares.

Según lo dispuesto, la preadjudicación se realizó tras la aprobación de la segunda etapa del Concurso Público Nacional e Internacional, que incluyó la evaluación de ofertas económicas y la intervención de la Comisión Evaluadora “ad hoc”, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro. El proceso, enmarcado en la ley 27.742 y decretos complementarios, buscó garantizar transparencia y competitividad.

Las adjudicaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera: el consorcio liderado por Edison Inversiones S.A.U. y Edison Holding S.A. obtuvo Alicurá y Cerros Colorados, con ofertas de 162 y 64 millones de dólares respectivamente; BML Inversora S.A.U. y socios se adjudicaron El Chocón por 235 millones; y Central Puerto S.A. obtuvo Piedra del Águila por 245 millones. Ofertas consideradas "precio vil o no serio" fueron desestimadas por la Comisión Evaluadora.

La firma de los contratos de concesión y transferencia está prevista para el 22 de diciembre en Cipolletti, provincia de Río Negro, y los acuerdos entrarán en vigencia tras la publicación oficial de la adjudicación. El Gobierno sostiene que la medida permitirá una mayor eficiencia operativa y una reconfiguración del sector energético nacional, aunque hasta el momento no se han registrado reacciones públicas de sindicatos o autoridades provinciales en las fuentes consultadas.

La privatización de estas centrales marca un hito en la política energética argentina, en un contexto de reformas orientadas a la participación privada en áreas estratégicas. Se espera que la transición se realice conforme a los procedimientos legales y contractuales establecidos, con impacto en la estructura del mercado eléctrico nacional.