En la ciudad de Salta, continúa el juicio contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, acusados de corrupción y narcotráfico en la Unidad Carcelaria 1, conocida como Villa Las Rosas. Durante la decimosexta audiencia, testigos revelaron detalles sobre el funcionamiento de una presunta red de beneficios ilegales dentro del penal.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de un exinterno, quien relató que le ofrecieron la libertad a cambio de pagos en dólares, involucrando al juez de Ejecución y Detenidos de Segunda Nominación, Martín Daniel Martínez. El testigo, actualmente alojado en otro penal, describió cómo fue extorsionado y amenazado tras negarse a pagar, lo que le provocó graves problemas de salud. Según su relato, su familia entregó $50.000 en una confitería para facilitar su traslado a un pabellón más seguro, y realizó otros pagos y favores, como la entrega de madera de su maderera.

Las audiencias también expusieron el ingreso de objetos prohibidos y drogas mediante "deliverys" de pizzas y licores, con la complicidad de funcionarios penitenciarios. Un video presentado por la fiscalía mostró el traslado de cajas de pizza por agentes del penal, mientras que los testimonios indicaron que en ocasiones estos envíos contenían marihuana y hojas de coca.

El tribunal, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, dispuso medidas de protección para los testigos, quienes manifestaron temor por su seguridad. Además, se ordenó la detención de un exinterno por falso testimonio y la remisión de las declaraciones a la fiscalía para evaluar la apertura de nuevas investigaciones.

El caso involucra a veinte imputados, entre funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, acusados de exacciones ilegales agravadas, comercialización de estupefacientes y asociación ilícita. La investigación ha puesto en tela de juicio la transparencia y el funcionamiento del sistema penitenciario y judicial de Salta, generando preocupación en la sociedad y en los organismos de control.

El juez Martín Daniel Martínez, mencionado en los testimonios, ya había sido objeto de investigaciones previas por irregularidades administrativas y se apartó de causas sensibles en el pasado. El desarrollo del juicio y las medidas adoptadas por el tribunal y la fiscalía reflejan la gravedad de las denuncias y la necesidad de garantizar la seguridad de los testigos y la integridad del proceso judicial.